✍️ Eugenio Hernández Sasso
En un país donde en el sexenio pasado la violencia marcó la conversación pública, cualquier reducción en los homicidios dolosos merece ser analizada con seriedad, no con prejuicios.
Las cifras presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes, hablan de una disminución del 48 por ciento en el promedio de asesinatos dolosos respecto al periodo más crítico en el país.
Traducido al lenguaje de la calle, significa que todos los días hay 41 personas que hoy siguen vivas y que, en otras circunstancias, habrían terminado formando parte de la estadística en el camposanto.
No es un dato menor. Detrás de cada número hay una familia que no recibió una llamada para reconocer un cuerpo, unos hijos que no quedaron huérfanos y unos padres que no tuvieron que despedir a un hijo antes de tiempo.
Por supuesto, nadie puede afirmar que el problema está resuelto. Hay estados donde la delincuencia sigue golpeando con fuerza y regiones donde los grupos criminales mantienen presencia, pero tampoco sería justo negar una tendencia estadística simplemente porque no coincide con determinadas posiciones políticas.
Los resultados en materia de seguridad siempre serán debatibles, pero las cifras oficiales muestran una trayectoria descendente que, de sostenerse, podría representar uno de los cambios más importantes de los últimos años.
En la misma conferencia matutina también quedó claro que las acusaciones no pueden sustituir a las pruebas.
Sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la presidenta señaló que no existe evidencia presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que permita fincar responsabilidades.
«No vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas», resumió.
La misma lógica aplicó para el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, dado que después de analizar los audios difundidos públicamente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que no encontró elementos para presumir la comisión de un delito ni la revelación de información sensible.
Es decir, no alcanza el calificativo de traidora a la patria como Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.
En tiempos donde basta una filtración, un audio editado o una publicación en redes sociales para construir sentencias públicas, el Estado tiene la obligación de actuar con evidencia y no con rumores.
En pocas palabras, la justicia no puede convertirse en espectáculo ni la política en tribunal mediático.
Reducir los homicidios y respetar el debido proceso no son objetivos incompatibles, al contrario, forman parte de la misma responsabilidad del Estado en cuanto a proteger la vida de los ciudadanos y garantizar que la ley se aplique con imparcialidad.
Es decir, una democracia fuerte no sólo se mide por cuántos delincuentes detiene, sino también por cuántas vidas logra salvar y por su capacidad para impartir justicia sin condenar a nadie antes de tiempo.
Sassón
De acuerdo a las estadísticas, en Chiapas ha disminuido 13.9 por ciento el índice de homicidios dolosos en el primer semestre de 2026, comparado con el mismo periodo del año anterior.
