✍️ Eugenio Hernández Sasso
En Tabasco hay alcaldes y alcaldesas que ya se acostumbraron a caminar como si el municipio fuera herencia familiar.
Con tantito poder ya se sienten intocables, hablan como patrones, actúan como caciques y, cuando alguien los cuestiona, responden con soberbia y altanería. Se les olvida que ya les falta practicamente un año en el cargo.
El problema no es solamente de percepción ciudadana, son los escándalos que se acumulan uno tras otro y que terminan desgastando la confianza en las instituciones.
En Huimanguillo, por ejemplo, la alcaldesa Mari Luz Velázquez Jiménez quedó bajo el reflector nacional por un audio donde reclama a jóvenes beneficiarios de becas porque no le daban «like» ni compartían las publicaciones de su gobierno.
A ello se suma la denuncia penal presentada por el periodista Marco Xavier Flores Verduzco por presuntas amenazas de muerte.
Si los hechos son ciertos o no, eso deberá resolverlo la autoridad, pero el solo hecho de que una alcaldesa aparezca ligada a ese tipo de señalamientos ya habla de una administración envuelta en conflictos.
En Emiliano Zapata tampoco cantan mal las rancheras, toda vez que al presidente municipal se le ha señalado públicamente por la construcción de un camino que conduciría de uno de sus ranchos a los límites con Chiapas.
De igual manera, estuvo involucrado en un escándalo anterior por el decomiso de una aeronave con droga que «cayó» en una de sus propiedades.
En Cárdenas, por otra parte, el alcalde Euclides Alejandro enfrenta constantes denuncias ciudadanas por presuntos abusos de la policía municipal, detenciones arbitrarias y cobros extralegales.
Aquí es bueno reflexionar a fondo porque cuando la gente empieza a tener más miedo de la autoridad que de los delincuentes, algo anda muy, pero muy mal.
El asunto es que mientras en Tabasco no pasa nada y las denuncias públicas parecen no ser escuchadas y las legales caminan a paso de tortuga, en Chiapas el mensaje ha sido distinto.
Durante el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar ya suman cuatro alcaldes en funciones detenidos por diversos delitos, además de 200 policías municipales arrestados por presuntos vínculos con homicidios, extorsión, corrupción y delincuencia organizada.
Nadie celebra que un alcalde termine en prisión, pero sí se agradece que la ley deje de ser un adorno y se le aplique a los transgresores, así sean hombres y mujeres en el poder.
Las y los alcaldes tienen que entender que gobernar no es sentarse en la silla de la presidencia municipal para sentirse caciques del pueblo.
El cargo no convierte a nadie en dueño del presupuesto, de la policía ni mucho menos de la voluntad ciudadana, los convierte en servidores públicos.
En Tabasco hace falta una señal clara de que quien abuse del poder responda ante la justicia sin distingos, sin padrinos y sin protección política.
Es decir, las y los alcaldes tendrán que entender que el fuero moral no existe y la cárcel también tiene puertas para ellos.
Sassón
El que nada debe, nada teme; pero el que se pase de listo debe caer, sea quien sea.
