✍️ Jesús Torres
Que Yucatán sea uno de los estados más seguro del país, no ha exentado que periodistas sufran agresiones, no de la delincuencia, sino de funcionarios públicos que ahora forman parte de Morena.
El caso de una integrante del Colegio de Periodistas del Sureste ‘Felipe Carrillo Puerto’, que por su seguridad omitimos su nombre, es uno de tantos que después de casi tres años de haber denunciado al ex delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, Carlos N. la semana pasada fue vinculado a proceso por un juez federal por los delitos de lesiones y contra la libertad de expresión.
Derivado de las agresiones y por sentir que su vida podría estar en riesgo la comunicadora acudió en 2022 a la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) donde también solicitó se activara el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas.
El Colegio de Periodistas del Sureste, del que forma parte la comunicadora, celebró la decisión del juez Héctor Roberto Capetillo Lizama de actuar en contra de Carlos N quien ya se encuentra vinculado a proceso bajo la causa penal 22/2024.
En un comunicado los periodistas de Yucatán expresaron que “la estigmatización a trabajadores de la comunicación en especial a los integrantes de este Colegio, contribuye a polarizar la sociedad, en perjuicio de la democracia, pues limita el debate y exacerba un clima hostil hacia el trabajo de personas que contribuyen al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en su dimensión social”.
El Colegio de Periodistas del Sureste se pronunció a favor de la libertad de expresión sin censura, sin persecución política y sin persecución jurídica.
La agrupación dijo que cuando silencian a la prensa independiente se termina la democracia.
Sólo el año pasado en Mérida la capital yucateca, se documentaron 11 agresiones contra la prensa.
En mayo de 2022, cuando se registraron 30 casos de agresiones a comunicadores en el primer semestre de ese año, la más alta en el sexenio de AMLO, periodistas de la península yucateca protestaron en la Plaza Grande de Mérida para exigir justicia por los colegas asesinados en todo el país y para denunciar agresiones y censura que enfrentaban en la región.
Desde entonces, la agrupación Article 19 ha denunciado que autoridades de Yucatán han fallado en garantizar la seguridad y la libertad de expresión de los periodistas. La organización ha exigido al gobierno que tome medidas para proteger a los periodistas y garantizar su derecho a informar.
Durante el gobierno de Claudia Sheinbaum han sido asesinados 5 periodistas en diversas partes del país, que vienen a sumarse a los 47 del sexenio de López Obrador, considerado el más violento comparado con otras administraciones.
