✍️ Jesús Torres
A la inseguridad y la violencia que fue heredada al actual gobierno habría que sumarle, por si eso fuera poco, la costosa deuda pública que por lo menos en los últimos tres sexenios le han endosado a los tabasqueños las administraciones pasadas.
Ya se hizo del conocimiento que entre el priista, Andrés Granier, por cierto, que ya estuvo en la cárcel, y el recomendado de AMLO, el perredista Arturo Núñez, a quien el de Macuspana exoneró durante su gobierno, dejaron a Tabasco con una deuda de casi 5 mil millones de pesos y una tasa anual hoy en día del 12%.
A esta herencia maldita, habría que agregar la de la dupla de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, ambos arropados por la 4T y premiados, el primero como presidente de la Jucopo en el Senado y el otro en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Este par de exgobernadores morenistas, de acuerdo con versiones periodísticas que citan como fuente la Secretaría de Finanzas, quebraron al Estado ocultando una mega deuda de 13 mil millones de pesos en el periodo de 2018 al 2023 y de la cuál deberían rendir cuentas.
De acuerdo con reportes, el hoy coordinador de los senadores de Morena echó mano de múltiples empréstitos a corto plazo y que no requerían la autorización del Congreso del Estado.
Aunque en el 2021, la anterior legislatura autorizó a López Hernández contratar un préstamo por mil 500 millones de pesos.
Según el hoy senador de Morena, el empréstito sería utilizado para hacer frente a un ‘hueco financiero’ de 4 mil millones de pesos heredado por el gobierno perredista de Arturo Núñez, del cual ya estaba enterado López Obrador, entonces presidente de México.
Aunque en el Registro Único de la SHCP, en el rubro de Destino, sólo aparece la frase: “para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.
Ambos, al igual que Granier y Núñez comprometieron el pago de la deuda con las participaciones federales que le corresponden a Tabasco, lo que, de acuerdo con el gobierno de Javier May, por uno de los créditos, en el 2027 se tendrían que erogar hasta 500 millones de pesos sólo de intereses.
De ahí la propuesta, la cual ya fue autorizada por el Congreso del estado, de contratar un financiamiento para liquidar los casi 5 mil millones de pesos de deuda que dejaron a la actual administración, a una tasa menor en un periodo de 20 años, esto es, por tres sexenios más y darle liquidez a las finanzas del Estado.
Habrá que esperar se informe hasta cuánto podría reducirse el préstamo al final de este sexenio, en un análisis prospectivo, una vez que se concrete el refinanciamiento de la deuda y si no se comprometieron las participaciones federales.
