✍️ Eugenio Hernández Sasso
Durante años, en Chiapas se normalizó una práctica que terminó por corroer la obra pública y envilecer la administración: el “moche”.
Este impuesto ilegal, silencioso y perverso que no figuraba en ningún contrato, pero que todos conocían, le carcomía el 10, 12 y hasta el 16 por ciento del costo a cada obra.
El problema es que esta «comisión» se exigía, no para mejorar la construcción, sino para aceitar la maquinaria de la corrupción. Ese dinero no salía del bolsillo de nadie en particular, sino del presupuesto público, es decir, del dinero de todos.
Hoy, el gobierno de la Nueva ERA ha decidido romper con esa herencia tóxica. No con discursos huecos ni advertencias de ocasión, no con intimidación simulada, sino con acciones concretas que buscan contener y eliminar la corrupción e impunidad.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha dejado claro que en su administración no habrá tolerancia para los viejos vicios, y ya se han tomado medidas contra supervisores de la Secretaría de Infraestructura involucrados en estas prácticas. La señal es inequívoca y el “así se ha hecho siempre” dejó de ser excusa.
La cruzada contra los moches no es un capricho político, es una necesidad estructural. Porque cada peso que se desviaba para alimentar la corrupción tenía consecuencias visibles, en el sentido de que se usaban materiales de baja calidad, que daban como resultado obras mal ejecutadas, proyectos que no cumplían especificaciones y edificaciones condenadas a deteriorarse en tiempo récord. La corrupción no solo roba dinero, roba calidad, seguridad y futuro.
En este contexto, la Secretaria de Infraestructura tiene una gran responsabilidad para combatir estos viejos vicios, asi como también la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno prepara una campaña de difusión para exhortar a los empresarios a denunciar cualquier intento de extorsión.
El mensaje es directo y sin rodeos para quien o quienes pidan moche, todavez que no solo serán exhibidos o exhibidas, si o que también se harán acreedores a ejemplares sanciones y suspensión como servidores del pueblo.
Queda claro que, en esta Nueva ERA, no hay medias tintas. El objetivo es cerrar de una vez por todas la posibilidad de que funcionarios se enriquezcan durante un sexenio a costa del erario. Es hacerles manicure a todos aquellos y aquellas que de forma generacional han tentado el presupuesto de distints formas.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en el gobierno. Los empresarios de la construcción también deben asumir su parte. Seguir pagando moches para obtener contratos, bajo el argumento de la “necesidad” o la “competencia”, perpetúa el problema.
El plan del Jaguar plantea una nueva lógica en este asunto, pues las obras seguirán distribuyéndose entre las y los chiapanecos del sector, pero bajo reglas claras, legales y transparentes. Denunciar no es traicionar al gremio, es dignificarlo.
La advertencia también es clara para quienes insistan en el viejo juego. Si la cultura del soborno persiste, también se advierte que las supervisiones serán más estrictas y minuciosas. Cualquier irregularidad, atraso o abandono será sancionado sin distinción de nombres ni apellidos. En ese escenario, quienes más perderán no serán los funcionarios corruptos, sino los empresarios que apostaron por el atajo y no por el trabajo bien hecho.
Conviene entender el momento histórico. Chiapas tiene la oportunidad de cortar de raíz una práctica que durante décadas encareció obras y empobreció resultados. Alinearse, colaborar y denunciar no es una opción moral sino una decisión estratégica, porque esta vez, sobre advertencia, no hay engaño.
Sassón
¿Será necesario un nuevo sindicato en el COBACH? Porque al parecer Víctor Pinot anda muy afanado en hacer su propia organización.
