✍️ Eugenio Hernández Sasso
Hubo un tiempo en que desde la oposición se repetía, una y otra vez, que los gobiernos de antes eran una cueva de ladrones (y tenían razón), que el PRI y el PAN habían convertido al país en un negocio particular y que la corrupción era el cáncer nacional, pero, llegando la Cuarta Transformación se acabarían los intocables. La promesa era que se barrerían las escaleras de arriba hacia abajo.
Hoy la realidad cuenta otra historia, por ejemplo, en el período neoliberal nueve exgobernadores enfrentaron procesos penales –y todavía están pagando las consecuencias–, entre ellos Javier Duarte, César Duarte, Mario Marín, Tomás Yarrington, Roberto Sandoval, Ney González, Roberto Borge, Mario Villanueva y otros más forman parte de una larga lista de políticos que terminaron en la cárcel o bajo investigación por desvío de recursos, lavado de dinero, delincuencia organizada, tortura, fraude o vínculos con el crimen.
Sin embargo, el detalle que llama poderosamente la atención es que ninguno pertenece a Morena, y no porque en el partido guinda todos sean santos, sino simplemente porque, hasta ahora, la justicia parece tener una extraña habilidad para mirar únicamente hacia atrás y jamás para el frente.
Lo curioso es que durante los últimos siete años también han surgido escándalos monumentales. Ahí está el fraude de Segalmex, por ejemplo, considerado por muchos como uno de los mayores desfalcos al erario en la historia reciente del país.
Miles de millones de pesos desaparecieron y, sin embargo, no se observa el mismo entusiasmo para llevar a prisión a los responsables de más alto nivel. Es más, ya no existe la institución que fue desmantelada para desaparecer toda evidencia.
La corrupción, al parecer, cambió de color político. Antes cualquier denuncia era suficiente para exigir cárcel inmediata y, ahora, todo se reduce a investigaciones eternas, discursos sobre conspiraciones, exigencia de pruebas o simples promesas de que «se está revisando». Mientras tanto, el tiempo pasa y la impunidad se acentúa.
No se trata de defender a los exgobernadores que hoy enfrentan la justicia, al final de cuentas cometieron delitos y están pagando con cárcel hasta el último peso que se robaron, de lo que se trata es que se cumpla con la promesa porque la ley pierde credibilidad cuando parece aplicarse con distinto rasero, dependiendo del partido en el poder al que pertenezca el acusado.
La corrupción no pregunta por credenciales partidistas, esa no distingue colores ni campañas. Robar dinero público sigue siendo robar, lo haga un priista, un panista, un perredista, un emecista o un morenista y el castigo debería ser el mismo para todos.
La verdadera transformación no consiste en cambiar de villanos, sino en acabar con los privilegios de todos, pues de nada sirve presumir que hay exgobernadores presos, enjuiciados en el periodo conservador, si los escándalos actuales reciben trato preferencial.
La justicia deja de ser justicia cuando selecciona a quién perseguir y a quién proteger, y esa, quizá, sea la mayor contradicción del discurso anticorrupción, dado que se prometió terminar con la impunidad, pero da la impresión de que esta práctica únicamente cambió de domicilio.
Ahí está la prueba, los de antes siguen pagando cuentas, mientras los de ahora parecen gozar de un blindaje político que los mantiene lejos de los tribunales.
Es decir, cuando la justicia tiene color deja de ser justicia y se convierte, simplemente, en conveniencia política.
Sassón
Situaciones como estas son las que han deteriorado la imagen del vino tinto y pueden generar el juicio en las urnas el año próximo.
