✍️ Eugenio Hernández Sasso
Una salida que nunca pasa de moda para los políticos, sobre todo de partidos de oposición, es que cuando la justicia toca la puerta gritan “¡persecución política!”.
Ese, quizá, sea el argumento más barato y también el más socorrido. Lo difícil, por supuesto, es sentarse frente a un juez y explicar las cuentas pendientes.
El caso de Alfonso Baca, alcalde de Paraíso, Tabasco, tiene todos los ingredientes de una novela, como acusaciones graves, un video supuestamente grabado desde la Ciudad de México, silencio oficial y una buena dosis de rumores que ya andan corriendo como pólvora por las redes sociales.
Lo curioso es que el propio Baca reconoce que la Fiscalía General de la República lo investiga por presuntos delitos relacionados con portación ilegal de armas, tortura, huachicol y posesión de drogas.
El alcalde prófugo de la justicia dice que no es un fugitivo, que realiza diligencias propias de su cargo y que ya contrató a un abogado penalista para hacer su defensa legal.
Hasta ahí, todo muy bien, el problema es que cuando un político tiene que salir a explicar por video que no está huyendo, normalmente es porque las cosas no están precisamente para celebrar.
Baca se asume como perseguido político, pero, ¿perseguido por quién y por qué? ¿Quién tendría interés en armarle semejante investigación desde la capital del país? ¿Será que también se siente presidenciable para 2030?
Porque si estamos hablando de un “Operativo Enjambre”, las autoridades federales tendrán que demostrar con pruebas lo que están investigando.
Si existen elementos suficientes, pues ni modo, tendrá que responder ante la justicia; si no existen, también tendrá que quedar claro.
Lo que no ayuda es el vacío de información, toda vez que cuando las autoridades guardan silencio, los rumores se convierten en boletines.
A estas alturas ya circula la versión de que Baca estaría detenido y que solamente se espera el procedimiento correspondiente para retirarle el fuero y presentarlo públicamente.
Hasta ahora, eso es solamente un rumor y debe tratarse como tal, pero lo que sí está sobre la mesa son las palabras del gobernador Javier May Rodríguez, en el sentido de que en Tabasco no hay impunidad para nadie, pero tampoco persecución política.
Esa frase es, en este momento, la mejor vara para medir lo que venga. Alfonso Baca, igual que cualquier ciudadano, tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Ni más, ni menos.
Nadie puede ser declarado culpable desde una conferencia, un video o una publicación en Facebook, pero también los políticos suelen olvidar que cuando llegan al poder el cargo público no es una patente de corso.
Si Baca está convencido de que no tiene nada que temer, una salida políticamente inteligente sería solicitar licencia y presentarse ante las autoridades para aclarar cada señalamiento. Si es que es un fugitivo.
Sin fuero, sin discursos y sin convertir el asunto en una telenovela política tendría que dar la cara de manera directa y no detrás de un video.
Al final, la justicia no se gana con declaraciones grabadas y publicadas en redes sociales ni se pierde con rumores, se acredita con pruebas.
Aquí aplica aquello de que entre más alto se levita con el poder, más dura puede ser la caída. Por eso, más de uno de esos alcaldes prepotentes ybcondoble personalidad deberían ir poniendo las barbas a remojar.
Sassón
Alfonso Baca debe presentar su renuncia e ir a la FGR a aclarar todo. ¿Cuál es el miedo? Si en este país todos son inocentes hasta que se pruebe la contrario.
