✍️ Eugenio Hernández Sasso
En Tabasco parece no morir la vieja costumbre de aquellos vivales de siempre que hacen negocio con lo que no les pertenece y sacan provecho para incrementar su riqueza a la sombra de la impunidad.
Con ayuda de algunos políticos, esos personajes se sienten dueños de terrenos públicos, levantan negocios, cobran rentas y, cuando llega la hora de rendir cuentas, quieren que sea el gobierno el que les resuelva el problema que ellos mismos provocaron.
El caso del predio donde operaba la antojaría Food Park, en el estacionamiento del gimnasio del parque La Choca, vuelve a poner el dedo en la llaga.
Ahora el presunto responsable fue Edén Caraveo Carvalho, quién usufructuó un espacio que era propiedad del Gobierno del Estado, cobró rentas, obtuvo ganancias y, ahora todos le reclaman al gobierno de Javier May.
En este asunto también se jugó con la buena voluntad de políticos como el diputado Erubiel Alonso, y el líder del PRD en el estado, Rafael Acosta León, quienes compraron el pleito sin conocer el fondo.
¿Por qué el pueblo tendría que pagar las consecuencias de un negocio privado? Si hubo personas que invirtieron sus ahorros creyendo que tendrían un espacio seguro para emprender, quien debe responderles peso por peso es quien les rentó esos locales, no los contribuyentes.
Una cosa es solidarizarse con quienes fueron engañados y otra muy distinta convertir al gobierno en aseguradora de los abusos cometidos por particulares que ganaban alrededor de 200 mil pesos mensuales por concepto de alquiler.
Otra interrogante que no debería pasar desapercibida es, si cualquier ciudadano que ocupa un terreno público enfrenta consecuencias legales, ¿por qué cuando el negocio mueve millones pareciera que algunos se vuelven intocables?
La ley no puede tener descuentos para los poderosos ni excepciones para quienes durante años hicieron fortuna aprovechándose del patrimonio de todos.
Lo cierto es que esta práctica tampoco nació ayer. Durante administraciones pasadas se vendieron propiedades públicas sin que hubiera mayor escándalo.
Ahí están inmuebles del ISSET que cambiaron de manos y de los que prácticamente sólo quedaron las escrituras como recuerdo, porque los predios ya tenían nuevos dueños y nadie levantó la voz con la misma fuerza que ahora.
Hoy hay críticas por la venta del Centro de Convenciones y del gimnasio del Parque La Choca, y digamos que es válido debatir esas decisiones, pero ¿qué ocurrió antes, en sexenios anteriores?
Ahora se sabe con certeza en donde se invertirán los recursos obtenidos por la venta de esas propiedades, pero ¿Qué hizo Arturo Nuñez con el dinero de la venta del terreno del estacionamiento de Tabasco 2000? Por ejemplo.
Lo cierto es que mientras algunos siguen viviendo de la polémica, el gobierno de Javier May avanza con firmeza.
En su informe trimestral del jueves pasado, el gobernador Javier May Rodríguez destacó que durante los últimos noventa días se entregaron obras en distintos municipios que benefician a miles de tabasqueños.
Esas acciones no nacieron de la improvisación, sino de una política que busca que el dinero público regrese convertido en infraestructura, servicios y bienestar.
Los pilares de esta transformación empiezan a consolidarse en Tabasco, porque los recursos se administran con honradez y, como consecuencia lógica, alcanzan para más.
En esta administración la austeridad ha caminado de la mano de la honestidad para convertirse en resultados palpables.
Ahí están también los indicadores económicos que resaltan una disminución en la tasa de desempleo de 4.4 a 3.5 por ciento, una señal de que la actividad productiva comienza a fortalecerse.
En materia de seguridad, el mensaje también fue preciso, pues el gobernador tiene claro que la responsabilidad no se delega ni se evade, sino se enfrenta con valor.
En Tabasco los honestos siguen siendo muchos más que los vivales. Por eso resulta indispensable que quienes han hecho negocios indebidos con bienes públicos respondan ante la ley y, sobre todo, reparen el daño causado.
Sassón
Para que la transformación sea completa, no basta con solo construir obras, también hay que acabar con la impunidad de quienes durante años han confundido el patrimonio del pueblo con su caja chica.
