✍️ Eugenio Hernández Sasso
En Chiapas ya no basta con combatir al crimen, ahora también hay que batallar contra los viejos vicios de algunos policías que parecen atrapados en los tiempos más oscuros del autoritarismo mexicano, quienes, además, se empeñan en aboyarle la corona al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
El miércoles pasado circularon videos que cimbraron las redes sociales y prendieron las alarmas al delatar a elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que aparecen torturando a dos detenidos, mientras, entre risas y burlas, convierten el abuso en espectáculo.
Ahí está el verdadero problema, dado que no solamente es la brutalidad o la posible violación gravísima a los derechos humanos, lo más delicado e indignante es la naturalidad con la que actúan los uniformados, como si arrancar confesiones a golpes o métodos como el “submarino seco” siguiera siendo parte del manual policiaco en pleno 2026.
GOLPE DIRECTO AL DISCURSO DE LA NUEVA ERA
Mientras el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presume una administración humanista, de cero corrupción y cero impunidad, hay funcionarios de menor rango que parecieran empeñados en dinamitarle la narrativa desde dentro, como quien barre la sala echando la basura debajo del sillón.
Cuidado, porque estos casos no son menores. La tortura no es un exceso administrativo ni una “falta disciplinaria”, es un delito grave.
En México, por si no lo sabían esos malos elementos, o sus jefes, esa práctica quedó prohibida constitucionalmente desde 1993 y reforzada en 2017 con la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
Es decir, no estamos hablando de una confusión jurídica ni de un vacío legal, esos 10 elementos que ya se encuentran tras las rejas sabían perfectamente que no pueden hacer eso, y menos en un estado donde se presume el combate a la violencia con todo el peso de la ley.
¿POR QUÉ SIGUE OCURRIENDO?
La respuesta puede ser más preocupante que los propios videos. En muchas corporaciones todavía prevalece la vieja cultura del “resuélveme el caso como sea” y habrá que revisar a fondo todo el sistema de seguridad.
Hay mandos que exigen resultados inmediatos, estadísticas bonitas y detenidos rápidos para presumir eficacia, y cuando no hay capacidad de investigación, inteligencia o trabajo ministerial serio, aparece el camino fácil de la intimidación, el abuso y la confesión fabricada.
Así se llenaron de inocentes las cárceles mexicanas durante años, puesto que cualquiera “confiesa” cuando una bolsa en la cabeza lo asfixia, una pistola lo intimida o una golpiza lo doblega; y ya no hablemos de descargas eléctricas, violencia sexual, suspensión del cuerpo o inmersión en agua, entre otros métodos.
El problema es que después el verdadero delincuente sigue libre y el gobierno termina construyendo castillos de arena judiciales que se derrumban en tribunales.
Afortunadamente el gobernador Eduardo Ramírez salió inmediatamente al paso y giró instrucciones, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado que comanda Jorge Luis Llaven Abarca, para que se investigará el asunto y se aplicara un castigo ejemplar.
Como resultado de la carpeta de investigación abierta, fueron detenidas 10 personas, entre los que se encuentran un subdirector, tres agentes de Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales.
Quedó en evidencia que estos chacales con uniforme y charola resuelven así las cosas en sus operativos, toda vez que los videos fueron grabados en una acción realizada el 14 de marzo en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, donde se supone que se hacían investigaciones para combatir el robo de vehículos.
Este caso debe investigarse hasta las últimas consecuencias, porque seguramente así se ha encarcelado a muchas personas inocentes que purgan condenas en El Amate.
Ahí tiene trabajo suficiente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chiapas y su titular, Horacio Culebro Borrayas.
También deberá actuar con firmeza el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para que no lo alcance el juicio público y luego digan que él es quien daba las instrucciones.
Si algo hay que reconocerle al gobernador y al fiscal, es que ambos reaccionaron rápido, aunque al parecer se lograron escapar algunos.
Ramírez Aguilar pidió actuar contra quien resulte responsable y recordó que incluso los presuntos delincuentes tienen derechos humanos. Eso era indispensable. El silencio habría sido interpretado como complicidad.
Esto fue muy importante, porque si en Chiapas se permite que la policía torture para obtener confesiones, entonces no hay justicia, hay miedo, y cuando esto se permite o, inclusive se institucionaliza, termina pareciéndose demasiado a aquello que se prometió combatir.
Sassón
¿Cuántas veces habrán hecho esto las corporaciones policiacas chiapanecas, que lo ven tan normal que incluso les causa risa torturar a la gente? Ahora habrá que ver si, cuando estén en el penal, siguen burlándose de los presuntos criminales.
