✍️ Eugenio Hernández Sasso
En Chiapas empieza a respirarse un ambiente peligroso, no solamente por la violencia criminal que lentamente vuelve a ocupar regiones del estado, sino porque en los círculos políticos y de seguridad ya comenzó a mencionarse algo todavía más delicado que estriba en una posible operación dirigida contra la corrupción extorsión y vínculos de exfuncionarios del gobierno de Rutilio Escandón con el crimen organizado.
El rumor crece desde hace semanas. En medios se habla de investigaciones federales, auditorías financieras, expedientes de inteligencia y posibles presiones internacionales relacionadas con corrupción, protección política y presuntos vínculos de operadores locales con grupos criminales que se expandieron durante el sexenio pasado.
Hasta ahora no existen acusaciones judiciales firmes ni procesos concluyentes contra exsecretarios o altos funcionarios específicos del antiguo gobierno estatal, por lo que señalar nombres como responsables directos sería irresponsable y jurídicamente delicado.
Sin embargo, dentro de Morena y del aparato estatal sí existe una percepción cada vez más fuerte de que el nuevo grupo gobernante busca deslindarse del desastre heredado.
En ese contexto, el exgobernador interino –por una semana– Willy Ochoa, ha dicho que el grupo criminal conocido como «La Barredora» operó en Chiapas desde 2019, sugiriendo complicidad o negligencia oficial.
Durante el sexenio del ahora cónsul de México en Miami, Florida, se supo también de una presunta red de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia donde se involucra a varios personajes del aparato judicial coludidos con empresarios locales en actividades de extorsión, entre otras cosas.
De igual manera, existe la presunción del desvío de más de 2 mil 576 millones de pesos a través de empresas factureras durante la gestión de Escandón Cadenas, cuñado del senador Adán Augusto López Hernández y protector del también senador “manchabatas” José Manuel Cruz Castellanos, alias Pepe Cruz.
En fin, el caso es que, durante seis años, muchas regiones vivieron bajo una calma artificial sostenida por pactos políticos, silencios institucionales y omisiones evidentes.
Durante el sexenio anterior, municipios completos quedaron atrapados entre grupos criminales, disputas territoriales, tráfico de personas, cobro de piso y desplazamientos forzados, mientras se insistía en que Chiapas era uno de los estados más seguros del país.
Ahora el problema y quizá el mayor riesgo no es solamente el crimen organizado, sino la reacción social que empieza a aparecer en comunidades indígenas y rurales donde la gente perdió confianza en las autoridades.
ADVERTENCIA GRAVE
La reaparición de grupos comunitarios armados y guardias civiles refleja una señal gravísima de que cuando las comunidades sienten que el Estado no puede protegerlas, terminan organizándose solas.
Así comenzó Michoacán hace años. Así crecieron las autodefensas en Guerrero. Así empiezan los procesos de paramilitarización regional que luego nadie puede controlar, porque una vez que la población se arma, el monopolio de la fuerza deja de pertenecer al gobierno.
Si la administración estatal no logra frenar la expansión criminal ni recuperar territorios dominados por el miedo, las autodefensas podrían multiplicarse en Los Altos, la frontera y comunidades indígenas.
Las consecuencias pueden ser una fractura total de la gobernabilidad, desplazamientos masivos de familias, enfrentamientos entre grupos civiles armados y organizaciones criminales, así como un desgaste brutal para la Nueva ERA y Morena en uno de sus estados estratégicos.
Se dice, además, que el tema ya comenzó a tener lectura nacional e internacional, dado que Estados Unidos observa con especial atención la frontera sur por el tráfico de migrantes, drogas y armas.
SASSÓN
El gobierno de Eduardo Ramírez realmente está dispuesto a desmontar redes políticas que permitieron el deterioro del estado o todo terminará reducido a golpes mediáticos y sacrificios menores.
