✍️ Eugenio Hernández Sasso
Hay ideas que de plano huelen mal al paso del tiempo y, la reciente petición de Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos “cooperen” en apoyo a Cuba, junto con la ingeniosa iniciativa de Morena de rasurarle un peso diario a sus militantes, pertenece a esa categoría donde la simpleza no alcanza para tapar la sospecha.
Aquí no se trata de filantropía espontánea ni de solidaridad internacional desinteresada, se trata, más bien, de una propuesta que nace desde el poder, se financia con estructuras políticas y pretende circular dinero sin que quede del todo claro su origen final ni su destino real.
En primer lugar, nadie puede garantizar que cualquier peso recaudado bajo el llamado del expresidente llegue efectivamente a los ciudadanos cubanos. Así como tampoco que proceda del “pueblo sabio”.
Bueno, ni siquiera hay certeza de que pase por canales verificables en un país donde la transparencia suele ser más discurso que práctica y la corrupción una característica del gobierno.
El segundo punto no es menor ¿Cómo justificar que un partido en el poder, con prerrogativas públicas que superan los 2 mil millones de pesos anuales, tenga la necesidad de pasar la charola entre su propia militancia? Eso no es austeridad, es voracidad disfrazada de compromiso.
Hagamos cuentas simples. Un peso diario por militante puede parecer simbólico, casi inofensivo, pero multiplicado por 12 millones de militantes se convierte en una maquinaria de recaudación nada despreciable de 4 mil 380 mdp anuales.
Ese sería dinero constante, líquido, difícil de rastrear en su totalidad y, sobre todo, políticamente legitimado bajo la bandera de la “aportación voluntaria”. No cabe duda que el mote de “El Rey del Cash” le queda como anillo al dedo a ya saben quién.
Ahí es donde la sospecha deja de ser paranoia, porque si el partido ya recibe cantidades multimillonarias del erario y, aun así, impulsa mecanismos paralelos de captación, la cosa no es si necesita más dinero, sino para qué quiere la paga.
En un país con antecedentes frescos de corrupción y opacidad, cualquier esquema que combine poder político, recursos no fiscalizados y causas nobles como pretexto debería encender las alarmas fiscales.
La desconfianza no es porque automáticamente implique ilegalidad, sino porque crea el escenario perfecto para justificar movimientos difíciles de explicar y la presunción de legitimar capitales.
Es decir, el contexto importa mucho, dado que la administración pasada, también encabezada por López Obrador, no logró escapar del pantano de aquellas prácticas que prometió erradicar.
Por ejemplo, ahí están casos como el de Segalmex, problemas en aduanas o señalamientos en el sector energético que dejaron claro que la corrupción no desaparece por decreto ni por medio de un discurso.
El llamado huachicol fiscal, entre ellos, se convirtió en un agujero monumental en las finanzas públicas.
Lo mismo ocurrió con prácticas irregulares en aduanas, donde miles de millones dejaron de ingresar al Estado.
Asimismo, los grandes proyectos insignia como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles avanzaron entre sobrecostos y tufo a corrupción, por decir lo menos.
Todo eso gira en torno a recursos financieros y, cuando se pide cooperación desde el poder, no se está apelando a la solidaridad, sino a la construcción de una caja de dinero tan negro como el alma de quien ya resulta insultante mencionar su nombre.
¿Puede alguien demostrar que estas iniciativas son ilegales? No necesariamente. ¿Pueden ser cuestionadas? Absolutamente, porque aquí no basta con ser honesto, también hay que parecerlo.
La caridad, cuando es genuina, no necesita estructuras partidistas ni liderazgos mesiánicos para existir porque fluye sola, sin cuotas ni cuates y mucho menos consignas.
Sassón
Si se suman los billones de pesos que se presume danzaron en los negocios amparados por la corrupción del sexenio anterior ¿no será que quieren convertir a México en una enorme lavadora?
