✍️ Eugenio Hernández Sasso
Como ya es costumbre en México, los procesos electorales no transcurren en paz y tranquilidad desde hace 18 años. A partir del 2007, en el gobierno del panista Felipe Calderón, los comicios empezaron a sellarse con sangre.
La ola de violencia se ha acrecentado y no la pudo contener el PRI con Enrique Peña Nieto, ni mucho menos Morena con Andrés Manuel López y ahora Claudia Sheinbaum. Por el contrario, el problema se ha incrementado al igual que el número de políticos muertos.
Las elecciones en Veracruz son una muestra palpable de que las boletas electorales del próximo 1 de junio estarán teñidas con la sangre de candidatas y candidatos ejecutados en plena campaña.
Ahí hay dos casos relevantes, el de Anuar Valencia Delgado, candidato a la alcaldía de Coxquihui asesinado el 29 de abril, y el de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata a la presidencia de Texistepec, liquidada el domingo 11 de mayo junto con cuatro de sus acompañantes. Ambos eran militantes de Morena.
La ola de violencia en el estado que (des)gobierna Rocío Nahle ha obligado a una gran cantidad de candidatos y candidatas a las 212 presidencias municipales en disputa a solicitar medidas de seguridad. A 17 días de haber iniciado y a 13 de concluir el proselitismo, el terror ha secuestrado a las y los aspirantes.
La violencia no solo ha afectado a las víctimas ejecutadas, sino también las balas han herido de muerte la vida democrática del país, pues en cada proceso los disparos le causan una hemorragia que los gobernantes no han sido capaces de contener.
Diferentes estudios realizados entre 1995 y 2014 hicieron visibles, por lo menos, 494 ataques a diferentes actores políticos por parte de cárteles de la delincuencia organizada.
Asimismo, en el proceso 2017-2018 y las elecciones concurrentes, en los que se disputaron más de 3 mil 400 cargos, se registraron aproximadamente 145 asesinatos de personas involucradas directamente en el proceso electoral, de las cuales 48 eran precandidatas o candidatas.
En esas fechas la violencia alcanzó una dimensión tan preocupante que a la entonces magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, no le quedó de otra que reconocer la trascendencia del problema.
“El signo que está marcando la elección es el de la violencia. Manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir, por la vía de la violencia, quiénes deben o no estar en la boleta electoral”, citó textualmente la juzgadora.
Los comicios del 2 de junio del 2024 registraron también un total de 67 políticos asesinados en 18 entidades, incluyendo 36 aspirantes o candidatos y tres candidatos ganadores, lo cual significó una cifra superior a las 30 ejecuciones matriculadas en 2021 y a los 24 cometidos durante el proceso electoral de 2018.
En el caso específico de Veracruz, las elecciones en la historia reciente han estado selladas por hechos de violencia, entre los cuales destacan balaceras, amenazas, secuestros, daños a inmuebles, homicidios, robo de material electoral, delitos electorales y lesiones.
El proceso actual no ha sido la excepción, pues en días pasados, el presidente del PRI nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, determinó la suspensión de giras, eventos y muchas de las actividades de campaña en diversas regiones del estado, debido a que los cárteles del crimen organizado actúan con total impunidad, aseguró.
Sassón
Si las elecciones a cargos de los poderes Legislativo y Ejecutivo se han caracterizado por la violencia y los gobernantes no han hecho nada por detener la influencia criminal, no nos imaginamos lo que va a pasar con los comicios de juzgadores en el futuro inmediato. ¿Será que todo el gobierno terminará infiltrado por los cárteles?
