✍️ Eugenio Hernández Sasso
Cuando Eduardo Ramírez Aguilar asumió el gobierno de Chiapas dejó algo claro desde el primer día: no habría tregua. Ni para el crimen organizado, ni para la corrupción, ni para la impunidad.
Muchos pensaron que se trataba de un eslogan más de la llamada Nueva Era, un discurso fuerte para arrancar y luego negociar, en lo oscurito, como se había hecho durante años. Se equivocaron. Hoy, quienes siguieron por el camino de las malas mañas están escuchando el rugido del Jaguar, pero desde detrás de las rejas.
Los resultados no se quedaron en palabras. La ofensiva del gobierno estatal no solo ha alcanzado a cabecillas de grupos generadores de violencia; también ha golpeado donde antes parecía intocable como ayuntamientos completos, funcionarios de alto nivel y corporaciones policiacas que operaban como brazos de la mafia.
En Chiapas, el mensaje es contundente: el poder público ya no es refugio para delincuentes de cuello blanco ni para autoridades coludidas.
La paz y la tranquilidad comenzaron a recuperarse desde 2025, y el arranque de 2026 confirma que no se trató de una casualidad ni de una racha favorable. Apenas en los primeros días de enero, las autoridades ejecutaron órdenes de aprehensión contra figuras clave de gobiernos municipales como parte de una ofensiva frontal contra la corrupción y los nexos criminales.
El caso que cimbró el tablero político fue la detención de Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa, capturado el 5 de enero. No es un expediente menor, toda vez que se le investiga por malversación de recursos públicos, corrupción, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, además de presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan en las regiones Frailesca y Sierra.
Junto a él cayeron la síndica de Hacienda Sally Gallardo Núñez y el tesorero Reyno Valencia Cruz, desmantelando de golpe la estructura financiera del ayuntamiento. No fue un golpe aislado, fue una cirugía mayor.
A la par, se reportó la recaptura de un exalcalde ligado al liderazgo de un grupo armado, quien ya contaba con una condena previa por asesinato.
Los operativos continúan en municipios como Villaflores, Jiquipilas y Ocozocoautla, donde las investigaciones apuntan a prácticas similares.
En otras palabras, nadie está a salvo si su nombre aparece en la libreta de la corrupción.
Este inicio de 2026 marca lo que el propio gobierno denomina la consolidación de la Nueva Era, y más allá del discurso, los golpes tienen peso mediático pero, sobre todo, jurídico.
La estrategia de “Cero Impunidad” y “Cero Corrupción” ha venido acompañada de datos. Chiapas se colocó entre los estados con mayor reducción de homicidios dolosos al cierre de 2025 y en el arranque de 2026.
La puesta en marcha de la Fierza de Reacción Inmediata “Pakal” ha permitido operativos en zonas históricamente conflictivas, mientras que la depuración de mandos policiales avanza sin contemplaciones.
Otro frente clave ha sido la recuperación del Estado de Derecho en las vías de comunicación. Durante años, los bloqueos carreteros y el control territorial de grupos criminales fueron normalizados. Hoy, el gobierno estatal ha respondido con operativos para liberar caminos estratégicos y una advertencia clara de que la protesta social no puede ser secuestrada por el crimen.
Los retos persisten. Hay zonas con desplazamiento forzado y una frontera compleja que sigue siendo foco de atención.
El propio Jaguar ha reconocido que su administración opera bajo un “gabinete a prueba”, pero si algo ha quedado claro es que en Chiapas cambió la lógica del poder y ahora ya no se administra la crisis, se confronta con los pantalones bien puestos.
Sassón
El rugido del Jaguar no era retórica. Era aviso y, en este 2026, Chiapas empieza a confirmar que la ley, cuando se aplica sin distingos, también puede ser noticia.
