✍️ Eugenio Hernández Sasso
El anuncio del cierre del ingenio “Presidente Benito Juárez” en Tabasco ha generado una profunda preocupación entre campesinos de las comunidades locales, expertos, empresarios y tal vez en menor grado a las autoridades del país que pareciera quieren exterminar el cultivo de la caña.
Este ingenio, emblemático en la región, no solo ha sido una fuente importante de empleo sino también un motor económico en un contexto rural que enfrenta múltiples desafíos.
De esta labor que anualmente arroja unos 2 mil 500 millones de pesos dependen, por lo menos, 4 mil 500 productores y unos 600 obreros tan solo en esa azucarera.
El más importante reto, en este momento, es lograr un eficiente rendimiento para conservar la actividad y evitar que se pierdan alrededor de un millón 500 mil toneladas de caña de la zafra 2025-2026, que arranca en el mes de diciembre.
En Cárdenas existe también otro ingenio más pequeño que es el Santa Rosalía, del cual dependen por lo menos 2 mil 500 productores y también está en crisis, aunque en menor escala.
El punto es que en la región de la Chontalpa tabasqueña existen por lo menos 30 mil hectáreas de caña, cultivadas por unos 7 mil campesinos de los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Cunduacán y Comalcalco, quienes en cada zafra sufren para salir adelante.
Sin embargo, el problema no es solamente del estado de Tabasco, sus ingenios y la empresa Santos, que por cierto tiene fama de mala paga y de quebrar azucareras para no cumplir sus compromisos, sino es un asunto general en la industria azucarera en México.
La crisis se ha generado por la importación de azúcar supuestamente de Brasil, aunque algunos productores mal pensados sospechan que pueda venir de Cuba, como medida política e ideológica para fortalecer a países dictatoriales.
El asunto es que se habla de la importación de 750 mil toneladas de azúcar durante el año, cosa que ha mermado el precio del endulzante y se ha convertido en una competencia desleal para los productores locales que los tiene al borde de la quiebra.
Entonces, el reto a vencer en este momento en todo el país es la competencia internacional, especialmente de países con subsidios mayoritarios y costos de producción más bajos, como Brasil y Tailandia.
Esto ha dificultado que las empresas mexicanas puedan mantener una posición competitiva, ha reducido los márgenes de ganancia y, en algunos casos, los ha llevado al cierre de ingenios. La sobreoferta global y la fluctuación en los precios internacionales también generan incertidumbre para los productores.
Los bajos precios son una verdadera preocupación para los campesinos mexicanos, pues en ocasiones no alcanzan a cubrir los costos de producción, ya no digamos que tengan para gastar en lujos, carencias o deseos.
Debido a ello algunos líderes han levantado la voz para pedir al gobierno federal que cobre mayores aranceles en el producto, pues México cubre sin ningún problema la demanda de azúcar en el país y todavía le sobra para exportar. No necesita importar.
Sin embargo, la falta de una política pública sólida que garantice precios justos y estables para los agricultores locales ha generado una crisis en las comunidades rurales, donde miles de familias dependen del cultivo de caña.
De continuar la misma dinámica decadente, los productores se verán en la necesidad de cambiar este cultivo e ingresar al programa Sembrando Vida para sobrevivir con cinco mil pesos mensuales, afectando gravemente la generación de empleo y el desarrollo social en zonas rurales.
¿Por qué afecta gravemente la economía? Porque de ello no dependen solamente los que siembran la gramínea, sino los que venden insumos, alquilan maquinaria para la maquila, trabajan como cortadores y alzadores, además de los obreros de los ingenios.
Es decir, la derrama económica que genera esta actividad se distribuye o circula en diferentes sectores que se verían afectados si la crisis avanza.
La pérdida de empleos sería bastante abultada y generaría un efecto dominó que reduciría el poder adquisitivo de la comunidad, afectando comercios locales, proveedores y servicios relacionados con el cultivo de la caña y la producción de azúcar.
De igual manera, disminuiría ingresos fiscales que bien podría aprovechar el gobierno para obras y programas sociales, además de que si se paraliza la actividad agrícola azucarera podría convertirse en caldo de cultivo para la delincuencia. Eso lo sabe perfectamente la 4T.
Sassón
Digamos que el combate a la violencia de los grupos criminales ha sido bueno, no es una cosa que digamos ¡qué burro! Pero ahí la llevan. Sin embargo, en la cruzada a la corrupción no se ve absolutamente nada. Los delincuentes de cuello blanco ahí siguen y se ríen del pueblo. Los señalamientos le hacen lo que el viento a Juárez. Gozan de privilegios y disfrutan su fortuna mal habida ¿Será que aquello de cero impunidad es puro jarabe de pico?
