Entrevistado por el analista político y conductor de noticias Eric Ordóñez, en los estudios del diario Ultimátum, Rojas Toledo mencionó que si las autoridades violan la ley, con qué autoridad moral le pueden decir a la gente que cumpla con las normas si se está perdiendo el estado de derecho por sus acciones.
Lo que más le preocupa, dijo, es que la mayoría del cabildo aprobó y respaldó la propuesta para que el presidente municipal tuviera un poder “importantísimo”, mediante el cual pueda modificar una oficina, quitar y poner “y este poder extralimitado genera problemas”.
Afirmó que si el presidente empieza a cometer errores los regidores también son responsables, legalmente, porque le dieron el respaldo para que tomara decisiones libremente en todos los aspectos, ya que el poder absoluto genera muchos problemas. Empiezan a sentirse iluminados.
En el caso de la elección de los agentes municipales, señaló que deben ser personas que vivan en su comunidad y conozcan la problemática de su zona, y esos mismos ciudadanos los pueden llamar a cuentas si no hace bien las cosas.
Reveló que en los ejidos Francisco I. Madero, Plan de Ayala, San José Terán y El Jobo ya hay problemas por la imposición de agentes municipales que no son de esas localidades.
Los ciudadanos de Francisco I. Madero, específicamente, pusieron candados en la agencia municipal porque Ángel Torres designó a personas ajenas a la comunidad, añadió.
En pocas palabras, subrayó, está violando el Artículo 15 del Reglamento de la Administración Pública Municipal que a la letra dice: “y tener su residencia en el poblado que corresponda, que no será menos de seis meses, inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento”.
Consideró que empieza a haber un conflicto social sin necesidad de tenerlo, pues la solución es fácil, “simplemente respetar el reglamento y permitir que las comunidades y los ejidos elijan libremente a sus agentes municipales”.
El problema lo están generando, indicó, porque el licenciado Ángel Torres, o por lo menos su gabinete, decidió nombrar a gente que no corresponde a la comunidad.
Con fundamento en el Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 33, fracción Sexta del reglamento, solicitó una copia de identificación oficial de las personas que ocupan el cargo de agentes y subagentes municipales y la acreditación de residencia de cuando seis meses, emitida por el comisariado ejidal o autoridad competente.
Aseguró que los miembros del cabildo son los primeros que deben cumplir la ley y ser ejemplo ante la comunidad.
Afirmó que Ángel Torres Culebro ha empezado mal porque está violando la ley y el ayuntamiento no es una secretaría en donde “puede hacer lo que se le dé la gana. Aquí hay un órgano que se llama cabildo, que lo formamos varios integrantes y que podemos decirle que eso no lo puede hacer así”.
Aclaró que no es un asunto personal ni una rivalidad política, pues lo que considere que está bien para la ciudad lo va a aprobar, es más bien una cuestión de respeto al marco legal.
Indicó que un tema fundamental en Tuxtla es la inseguridad, otro el de la pavimentación, rehabilitación y construcción de todas las calles que faltan, pero reconoció que no hay suficiente dinero para tales ejecutar tales acciones.
Propuso que se organicen los vecinos de cada localidad y utilicen videocámaras y grupos de WhatsApp para protegerse dentro de una misma sección, porque la cantidad de policías y patrullas no tiene la capacidad para dar cobertura a toda la ciudad, además de que muchos elementos son de la tercera edad, enfermos y no tienen seguro de vida.
Anunció que junto con la regidora Areli Guadalupe Latournerie Castellanos pondrán una mesa en el Parque Central de Tuxtla y recibirán las demandas de la gente. A esto le llamarán “Miércoles ciudadano de regidores”.
