Juan Carlos Cal y Mayor
La senadora Lilly Téllez ha encendido el debate público al proponer que el Estado mexicano declare un estado de excepción para enfrentar al crimen organizado. Es una facultad constitucional y debe discutirse, aunque la mayoría oficialista seguramente estaría en desacuerdo. El planteamiento es claro: reconocer que debemos declarar la guerra contra el crimen organizado y actuar en consecuencia. El término no agrada porque se asocia con Calderón, y sería reconocer de facto —abiertamente— el fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos”, con un enorme tufo a complicidad.
La propuesta incluye despojar a los narcotraficantes de sus derechos como ciudadanos, incautar sus cuentas y propiedades, y localizar a los narcopolíticos que los protegen. Ya el gobierno norteamericano los ha declarado terroristas, pero la 4T insiste en asumir una postura que huele a encubrimiento. No se trata de una ocurrencia radical, sino de una respuesta legítima frente a una amenaza que desangra al país. Se trata de otorgar a las fuerzas de seguridad las herramientas legales para proceder sin el riesgo de que una pifia en el debido proceso permita a los delincuentes escabullirse de la acción de la justicia.
GUERRA LEGÍTIMA
Los cárteles mexicanos ya no operan como simples bandas delictivas. Son estructuras con capacidad de fuego, uso de tecnología, adiestramiento, control territorial, infiltración política y complicidad institucional. El narco gobierna de facto en muchas regiones del país. Ha hecho metástasis frente a las aspirinas que recetamos, incapaces de combatirlo. Pretender enfrentarlos con estrategias policiales convencionales es ingenuo y hasta desventajoso. Esta es una guerra, y como tal, exige que el Estado asuma su rol con decisión. Nadie más puede hacerlo.
OBLIGACIÓN DEL ESTADO
La senadora propone como herramienta legal el estado de excepción, figura contemplada en la Constitución Mexicana en su artículo 29. Permite suspender temporalmente ciertos derechos y garantías cuando el país enfrente una grave perturbación de la paz pública. No significa renunciar a la legalidad, sino aplicar un mecanismo previsto por la propia ley para situaciones extraordinarias. No faltan los defensores de derechos humanos que ven con horror esta posibilidad. Por alguna extraña razón, la izquierda ve en la aplicación de la ley la cara oculta del fascismo. Creen legítimamente que la violencia social, incluso la delincuencia, son derivaciones de la desigualdad como violencia primigenia. Odian la palabra represión y no ven en ella la contención que el Estado está obligado a ejercer para garantizar el orden —y el pacto— social.
BUKELE
Una experiencia reciente, cercana y paradigmática es El Salvador, un país sometido por las bandas delictivas hasta hace poco. En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele decretó un régimen de excepción tras una masacre cometida por pandillas que así retaban al Estado. La Asamblea Legislativa otorgó plenas facultades al presidente, declarando un estado de excepción para proceder conforme lo establece su propia constitución (y en México, la nuestra). Ha sido tal el éxito que lo ha prorrogado más de veinte veces. En menos de dos años, más de 78 mil presuntos pandilleros fueron arrestados, y la tasa de homicidios pasó de 106 por cada 100 mil habitantes en 2015 a menos de 2 en 2023. El CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) se ha convertido en la cárcel más estricta y segura, que ha aislado de la sociedad —como un cáncer maligno— a delincuentes que purgan penas —muchas vitalicias— que no les permitirán volver a delinquir jamás. El país más violento del mundo se convirtió en el más seguro de América Latina en tan solo tres años.
La clave fue romper el ciclo de impunidad, limitar temporalmente el acceso al debido proceso para los criminales y cortar sus fuentes de financiamiento. En México, el marco constitucional permitiría una estrategia similar y no tiene por qué alarmar a nadie. Está previsto en la Constitución, a menos que creamos que lo de Teuchitlán era como ir al juego de Gotcha, o que las masacres y crímenes de horror son solo un relato de la oposición.
¿SIN DERECHOS HUMANOS?
¿Debe el Estado proteger los derechos de quienes los pisotean a diario? ¿Tiene sentido garantizar el debido proceso a quienes desaparecen, secuestran, torturan y asesinan sin piedad? El uso legítimo de la fuerza no solo es una facultad del Estado: es su deber. La propuesta de Lilly Téllez debiera ser analizada con toda seriedad, aunque no creo que prospere. No busca abolir la democracia, sino defenderla. No puede haber libertad sin seguridad, ni justicia mientras reine la impunidad. El respeto a los derechos humanos de los criminales se ha convertido en un escudo de protección para ellos y en una condena para la sociedad.
El Estado mexicano no puede seguir de rodillas. La violencia ilegítima del crimen solo puede ser contenida con la violencia legítima de la ley. La guerra ya fue declarada por los narcos, y es momento de que el Estado responda.
DE DIENTES PA’ FUERA
La mejor caricatura del actual régimen se llama Noroña. Solo en la decadencia política que estamos viviendo se puede explicar cómo un individuo así preside la Cámara de Senadores. Un tipo al que no quieren ni los propios morenistas. Y vaya que se esfuerza en comportarse correctamente en las sesiones del Senado, pero su naturaleza lo traiciona. Y, por supuesto, no falta en este país quien se sienta identificado con él. Canaliza los odios de una sociedad bulímica de valores y sin educación, a la que se manipula con extraordinaria facilidad.
Recién se topó en un vuelo comercial con el expresidente Calderón y su hijo. Pasó de largo, pero aprovechó para tuitear y atacar con los adjetivos e insultos que acostumbra a la figura que la 4T ha convertido en su villano favorito y causante de todos los males pasados, presentes y futuros.
Cuando el hijo de Calderón se dio cuenta de que el viajero first class ya despotricaba en redes sociales a unos metros de ellos, le reclamó su cobardía de no decir las cosas de frente. No es la primera vez que Noroña tiene incidentes de esta naturaleza. Le sucede a cada rato y, acostumbrado como está a encarar y burlarse de la gente, se ha convertido en la botana que alimenta las divisiones políticas en el país. Un grandulón buleador que intimida hasta que le ponen el alto. Al fin de cuentas, ese es el negocio de quienes se la pasan hablando de defender al pueblo y acaban defendiendo los privilegios de estar en el poder.
