✍️ Eugenio Hernández Sasso
En el gobierno de Morena, el huachicol parece ser un mal que ha hecho metástasis a todos los sectores.
Primero fueron denuncias por el llamado huachicol fiscal, relacionado con el contrabando de combustibles y la evasión de impuestos; ahora, surge otra acusación que apesta a corrupción, toda vez que podría existir robo de granos mediante básculas amañadas en centros de recepción vinculados con la Secretaría de Bienestar.
¡Vaya manera de hacerle justicia al campo mexicano! Una cosa es presumir en los discursos que se apoya a los campesinos y otra, muy distinta, es permitir que en el camino se les vaya escurriendo el fruto de su trabajo.
Si los transportistas tienen razón en sus denuncias, estaríamos ante una auténtica marranada que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias. Ya ni la burla perdonan, pues esos funcionarios del bienestar podrían estar convirtiéndose en un verdadero malestar para la economía de los hombres y mujeres del agro chiapaneco.
Sergio Rayo, dirigente de la Conatram, denunció irregularidades en el pesaje de maíz que transportan desde distintos municipios de Chiapas.
Según sus declaraciones, cuando cargan los tráileres se pesa el producto, pero al verificarlo posteriormente en básculas reguladas por la Profeco, el peso ya no coincide.
¿Dónde quedaron los kilos que faltan? ¿Se evaporaron en el camino o alguien está haciendo negocio con el sudor ajeno? Ahí es donde se requiere especial atención.
El señalamiento no es menor, toda vez que, de acuerdo con Rayo, en algunos viajes desaparecen entre 300 y 800 kilogramos de maíz.
No estamos hablando de un puñito de granos que se cae de un costal, sino de cientos de kilos que representan dinero, trabajo y pérdidas para quienes participan en la cadena productiva.
Si multiplicamos esa cantidad por decenas o cientos de viajes, la cuenta puede convertirse en un verdadero escándalo millonario, pues no se sabe si solo suceda en Chiapas o también en otras entidades del país.
El dirigente transportista aseguró que ya se presentaron 16 denuncias ante la Fiscalía General de la República y exigió que se les dé seguimiento.
Aquí es donde las autoridades deben demostrar de qué lado están, si del de los productores y transportistas o del lado de quienes pudieran estar aprovechándose de un sistema que debería funcionar con transparencia.
Sergio Rayo también hizo un llamado a María Luisa Albores para que intervenga ante el personal de Alimentación para el Bienestar que, según denunció, participa en el pesaje de las cargas, además, de pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum que tome cartas en el asunto.
El empresario tiene razón en algo fundamental, pues no basta con anunciar mejores precios para el maíz si, al momento de recibirlo, presuntamente se registran faltantes que terminan golpeando el bolsillo de los productores.
¿De qué sirve subirle unos pesos al precio de garantía si después podrían quitarles cientos de kilos completos mediante maniobras que nadie explica?
Esto suena a la vieja historia de la política mexicana, en donde arriba anuncian apoyos, abajo la gente hace cuentas y en medio aparecen las sospechas de que alguien hace negocios para llevarse una tajada sin trabajar.
Es decir, en ese sentido, pareciera que los gobernantes cambian los colores, cambian los funcionarios, pero no las viejas prácticas de corrupción que hacen al campesino más vulnerable y pobre.
Lo más delicado es que el maíz que actualmente se transporta corresponde a la producción del año anterior, mientras que la próxima cosecha podría enfrentar los mismos problemas si no se corrigen las presuntas irregularidades desde ahora.
Chiapas no puede darse el lujo de que su producción termine convertida en botín de vivales con básculas amañadas para luego vender el producto sustraído, lo cual hace suponer que podría tratarse de una bien organizada red de corrupción.
Por supuesto, las acusaciones deben investigarse y los responsables no pueden darse por culpables antes de que existan pruebas y resoluciones. Precisamente por eso, la Fiscalía tiene la obligación de revisar las denuncias, verificar los pesajes y determinar si hubo manipulación de básculas, quiénes participaron y dónde terminó el producto faltante.
La pregunta es sencilla, ¿también habrá abrazos y explicaciones cuando las sospechas apuntan a los programas destinados a beneficiar al pueblo?
Es decir, si el huachicol fiscal ya representa un problema serio que ha desfondado a Pemex, un posible huachicol de granos sería una bofetada para los campesinos que se levantan de madrugada y enfrentan las inclemencias del tiempo para trabajar la tierra.
Sassón
Si alguien está robándose el maíz, le está metiendo la mano al bolsillo de todo un pueblo en un gobierno que repite a cada rato “primero los pobres”. De resultar cierto sería una vergüenza monumental.
