✍️ Eugenio Hernández Sasso
La violencia contra las mujeres ya no es una estadística incómoda, más bien se ha convertido en una rutina.
Esta escena se repite con una crudeza que debería activar una alerta general, pero que, en cambio, parece haberse normalizado entre discursos oficiales, carpetas de investigación empolvadas y promesas recicladas.
El ataque contra Ana Luisa en Cintalapa, Chiapas, no es un hecho aislado, es la confirmación brutal de que el feminicidio y la violencia extrema contra las mujeres siguen avanzando con una impunidad que ofende.
La historia es la misma de una joven agredida, un agresor identificado —casi siempre pareja o expareja sentimental—, una denuncia presentada y un responsable prófugo.
Esto no cambia y entonces la sociedad se cuestiona ¿Qué falla? No es falta de leyes porque en México existe el tipo penal de feminicidio, protocolos, alertas de género y fiscalías especializadas.
Tal vez lo que falta es un cambio de mentalidad, además de voluntad, capacidad de reacción y, sobre todo, un sistema que deje de tratar estos casos como “uno más”.
Lo ocurrido en Cintalapa raya en lo inhumano, pues tenemos a una joven mutilada con heridas que amenazan su vida, una víctima más del machismo trasladada de emergencia al hospital más cercano mientras el agresor escapa sin obstáculos.
¿En qué momento se perdió el control territorial? ¿Cómo es posible que un atacante plenamente identificado no esté detenido?
La respuesta apunta a una cadena de omisiones, entre ellas la prevención inexistente, reacción tardía y persecución deficiente.
Sin embargo, el problema es más profundo. En Chiapas —como en buena parte del país— la violencia feminicida se alimenta de la normalización social de la agresión, la debilidad institucional y la impunidad casi garantizada. Tres factores estructurales.
Cuando un agresor sabe que tiene altas probabilidades de escapar, el crimen se convierte en opción. Sabe que puede actuar y evadir la justicia.
La historia de Ana Luisa también exhibe como otra realidad incómoda la violencia doméstica que sigue siendo el principal semillero de feminicidios.
Aquí no se trata de desconocidos en callejones oscuros sino de hombres cercanos, conocidos, tolerados y, lo que es peor, familiares.
Podríamos suponer que ahí es donde el Estado vuelve a fallar porque no hay seguimiento efectivo a denuncias previas, no hay medidas de protección oportunas y no hay redes de apoyo suficientes para que una mujer pueda salir a tiempo de un entorno violento.
Mientras tanto, el discurso insiste en campañas, cifras maquilladas y declaraciones de condena que duran lo que dura el ciclo mediático.
Mientras eso sucede la realidad es que siguen apareciendo mujeres mutiladas, asesinadas o desaparecidas, familias exigiendo justicia y autoridades que reaccionan más por presión social que por convicción institucional.
El caso de Cintalapa debería ser un punto de quiebre, no solo por la brutalidad del ataque, sino porque desnuda la evidencia de que la violencia contra las mujeres en Chiapas ha escalado a niveles de barbarie.
Si un crimen de esta magnitud no detona una respuesta inmediata, coordinada y ejemplar, entonces el mensaje es claro que en este territorio, agredir a una mujer sigue siendo un delito de bajo riesgo.
La exigencia no admite matices, toda vez que se requiere la captura inmediata del agresor, investigación con perspectiva de género y sanción ejemplar.
En ese contexto también podría resultar muy incómodo reconocer que la estrategia ha fracasado, porque cada caso como el de Ana Luisa no solo deja una víctima al borde de la muerte, deja también una pregunta sin respuesta, ¿cuántas más tienen que caer para que esto deje de ser normal?
Sassón
Tampoco se trata de encarcelar a gente inocente para elevar estadísticas y aparentar resultados. De esos casos hay muchos en El Amate.
