✍️ Eugenio Hernández Sasso
La política de seguridad en Chiapas atraviesa un momento de redefinición institucional que combina inversión en infraestructura, coordinación intergubernamental y un claro mensaje político de que la ley se aplica sin excepciones.
La reciente inauguración de la Fiscalía de Distrito Altos en San Cristóbal de Las Casas y el arranque de la Fiscalía de Justicia Indígena no son actos aislados, sino parte de una estrategia más amplia que busca consolidar un modelo de procuración más próximo, más eficiente y, sobre todo, más legítimo ante la ciudadanía.
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha colocado la seguridad como eje estructural de su administración, de eso no hay ninguna duda.
Su narrativa no solo se sostiene en cifras sino en una evidente disminución de la incidencia delictiva, a través de decisiones claras y contundentes para proceder legalmente contra elementos y funcionarios de seguridad que han incumplido su deber.
Es preciso señalar que, en contextos donde la desconfianza institucional ha sido histórica, sancionar desde dentro envía una señal que trasciende el discurso y revierte la percepción negativa entre la sociedad.
En paralelo, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca ha operado una reingeniería institucional que apuesta por la dignificación de los espacios de justicia.
La apertura de nuevas instalaciones, sumando ya cuatro en poco más de un año, responde a la lógica de mejorar la atención, reducir tiempos procesales y acercar los servicios ministeriales a la población.
Sin embargo, hay que reconocer que durante décadas la precariedad de las fiscalías reflejaba el abandono del sistema y, actualmente, la infraestructura busca convertirse en ese nuevo rostro de la justicia que las y los chiapanecos anhelan.
En una zona con una fuerte composición de pueblos originarios, la construcción de la Fiscalía de Justicia Indígena no es un paso menor, pues implica reconocer que la igualdad ante la ley tiene que adaptarse a realidades lingüísticas, culturales y sociales específicas.
En particular, se hace énfasis en la protección de mujeres, niñas y adolescentes indígenas, considerados como sectores históricamente más vulnerables y olvidados en la materia.
Este entramado no funcionaría sin la coordinación operativa que encabeza el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, pues su papel ha sido clave en la articulación de esfuerzos entre fuerzas estatales, federales y municipales para construir la paz en la entidad.
El mecanismo utilizado ha permitido una respuesta más ágil ante fenómenos delictivos y ha contribuido a generar una percepción de mayor control territorial en poco más de un año.
Ahora bien, el reto de fondo no está resuelto, dado que la infraestructura puede mejorar la operación, la coordinación puede optimizar resultados, pero la legitimidad solo se consolida cuando la ciudadanía percibe que la justicia es accesible, imparcial y efectiva.
En ese sentido, la apuesta del gobernador Eduardo Ramírez está orientada en la dirección correcta, pero deberá sostenerse frente a presiones políticas y de poderes fácticos, limitaciones presupuestales y la persistencia de dinámicas delictivas complejas.
En síntesis, Chiapas transita hacia un modelo de seguridad que combina firmeza institucional con cercanía social.
No se puede negar que el liderazgo político de Eduardo Ramírez, la operación fiscal y la coordinación en seguridad han generado avances visibles, pero la clave será mantener el equilibrio entre discurso y resultados; eso permitirá que la buena fama de El Jaguar siga creciendo en todo el país.
Sassón
El operativo integral de Semana Santa considera tres puntos fundamentales: seguridad pública reforzada, reactivación económica y turística, así como coordinación interinstitucional para proyectar a Chiapas como un estado estable y seguro en esta temporada.
