✍️ Eugenio Hernández Sasso
Indignarse es fácil. Cada vez que se conoce un caso de embarazo infantil o de unión forzada en alguna comunidad de Chiapas, las redes sociales se llenan de comentarios, de rabia y de condenas, pero después de unos días, el tema se diluye y todo sigue igual. Mientras tanto, las niñas siguen pagando el precio.
En este tema no basta con escandalizarse. Si realmente se quiere frenar esta tragedia que golpea a la niñez en algunas regiones del estado, hay que empezar a tomar decisiones concretas y atacar la ignorancia desde el fondo.
La primera acción debería ser la de llevar la ley a donde realmente se necesita. De poco sirve que el Congreso apruebe reformas o que el Código Penal contemple sanciones de hasta 15 años de prisión por cohabitación forzada si en muchas comunidades ni siquiera saben que eso es un delito. La ley existe, sí, pero en la práctica no siempre llega a los pueblos.
Ahí es donde el Estado tiene una deuda pendiente. No basta con publicar una reforma en el Periódico Oficial, hace falta salir al territorio, hablar con la gente, explicar las normas en su propio idioma y en los espacios donde se toman las decisiones comunitarias.
Las radios comunitarias, las asambleas ejidales, las reuniones de barrio, los centros de salud o el método que se utilice en las zonas marginadas pueden convertirse en herramientas poderosas para informar, pues cuando la gente conoce sus derechos, también comienza a exigirlos y a respetarlos, dependiendo del lado que se encuentre el individuo.
Otro frente clave es la educación. Durante años, hablar de educación sexual en comunidades rurales o indígenas ha sido un tema incómodo. Pero el silencio no protege a nadie, al contrario, deja a las niñas completamente indefensas frente al abuso y el riesgo de perder hasta la vida.
Las escuelas deben ser espacios donde niñas y niños aprendan a reconocer qué es violencia, qué conductas no deben permitir y a quién acudir si se sienten en peligro.
Tienen que saber que su cuerpo les pertenece y que nadie tiene derecho a violentarlo. Esa es una herramienta de protección tan importante como cualquier ley.
También hay que hablar con claridad sobre la responsabilidad de las autoridades locales. En muchas comunidades, los conflictos familiares o las situaciones de abuso se intentan resolver en privado, mediante acuerdos entre familias o decisiones de la asamblea comunitaria.
Ese tipo de arreglos puede funcionar para muchos problemas, pero no para delitos que afectan a menores de edad. Cuando hay abuso o cohabitación forzada, el caso no puede quedarse en un acuerdo informal. Debe investigarse y sancionarse.
Al mismo tiempo, es indispensable garantizar protección real para las víctimas. Muchas niñas no denuncian porque dependen económicamente de sus agresores o porque temen represalias dentro de su propia familia. Si el Estado no ofrece refugio, apoyo psicológico y acompañamiento legal, la denuncia seguirá siendo un camino casi imposible.
En ese sentido, el trabajo con líderes comunitarios también resulta fundamental. Los cambios sociales no se imponen únicamente desde una oficina gubernamental, se construyen dialogando con las autoridades tradicionales, con promotores de salud, con maestras y maestros y con organizaciones de mujeres que conocen la realidad del territorio.
El respeto a la autonomía de los pueblos indígenas es un principio reconocido en México, pero incluso la Suprema Corte ha dejado claro que esa autonomía no puede vulnerar derechos fundamentales, y mucho menos los de niñas y niños.
El objetivo es que ninguna niña vuelva a perder su infancia por la violencia, el abuso o la ignorancia, y para lograrlo ya no basta con indignarse, es momento de actuar y hacerlo contundentemente.
Sassón
Si el Congreso ya hizo su chamba, reformó la ley y estableció sanciones en el Código Penal del Estado, ahora corresponde a otras instancias de gobierno hacerlo del conocimiento de todos, en todo el territorio.
