✍️ Eugenio Hernández Sasso
Durante años, la política social en Tabasco fue rehén del discurso, solo se escuchaban cifras que se anunciaban con entusiasmo, padrones inflados, intermediarios voraces y una sensación persistente de que el bienestar siempre llegaba tarde y mal.
Por eso conviene mirar con lupa, sin aplauso fácil, pero también sin prejuicio, lo que hoy se construye desde el Gobierno del Pueblo que encabeza Javier May Rodríguez y que, dicho sea de paso, se hace desde el territorio.
Los números por sí solos no cuentan historias, pero cuando se cruzan con el territorio, empiezan a decir muchas cosas que tienen que ver con la felicidad de la gente.
Por ejemplo, en 2025, los programas prioritarios de bienestar alcanzaron a 50 mil 179 tabasqueñas y tabasqueños, con una inversión histórica superior a los mil 67 millones de pesos.
Esta no es una cifra menor para un estado marcado por desigualdades estructurales, ni es irrelevante que esos recursos se hayan canalizado de manera directa, sin intermediarios, a través de tarjetas bancarias, en una clara muestra de cerrar el paso a cualquier acto de corrupción. Esto se atribuye a una decisión política de fondo.
El programa Bienestar y Plenitud, dirigido a hombres de 63 y 64 años, un sector que había quedado excluido de apoyos federales, benefició a más de 18 mil tabasqueños con una inversión superior a los 304 millones de pesos.
Aquí hay un mensaje claro, toda vez que la justicia social no puede seguir midiendo la edad con regla burocrática. Entre los 60 y los 65 años también se vive vulnerabilidad, se enferma el cuerpo y falta el ingreso a quienes han dado toda su vida al desarrollo y la productividad del estado.
Algo similar ocurre con la Pensión Universal para Personas con Discapacidad Permanente. Allí, más de 11 mil 800 beneficiarios y una inversión de 120 millones de pesos no resuelven la deuda histórica con este sector, pero sí colocan la dignidad como eje de la política pública, en el sentido de que no es caridad, sino es reconocimiento a quienes padecen algún problema físico.
El enfoque territorial del Gobierno del Pueblo se vuelve más evidente en Sembrando Vida estatal, dado que con casi 644 millones de pesos destinados a 20 mil campesinas y campesinos, el programa no solo inyecta recursos al agro, sino apuesta por el arraigo, la autosuficiencia alimentaria y el cuidado de la tierra.
En tiempos donde el abandono del campo se traduce en migración y violencia, invertir en la vida rural es una decisión estratégica, no romántica, y forma parte del plan de atacar los problemas de inseguridad desde el origen.
La política social, sin embargo, no puede quedarse en la transferencia económica. Programas como Pescando Vida, que proyecta superar en 2026 las 3 mil 600 toneladas de mojarra, o el Crédito Ganadero a la Palabra, que ya anticipa en Macuspana una derrama superior a los 50 millones de pesos, apuntan a generar producción, ingreso y mercado. Ahí está el verdadero reto del bienestar social, pasar del apoyo al desarrollo.
Incluso la inversión de casi 42 millones de pesos en infraestructura ganadera en el Parque Tabasco “Dora María” habla de una lógica distinta que permitirá colocar a la entidad en el mapa de las competencias nacionales e internacionales, no desde la ocurrencia, sino desde la calidad genética y la organización productiva.
Nada de esto es perfecto ni definitivo. La política social exige evaluación constante, padrones transparentes y resultados medibles. Pero hoy, a diferencia de otros tiempos, el bienestar en Tabasco ha dejado el escritorio para caminar el territorio, y cuando la justicia social deja de ser consigna y se vuelve experiencia cotidiana, el debate ya no es si esto o aquello funciona, sino cómo hacerlo mejor.
Sassón
En los últimos días la FGR ha decomisado miles de litros de gas L.P. en establecimientos que no contaban con permisos para funcionar como estaciones oficiales. También se debería apretar las tuercas a quienes distribuyen irresponsablemente este combustible en las calles.
