✍️ Eugenio Hernández Sasso
A Manuela Obrador Narváez no se le critica, ni debería, por prosperar. Tampoco por adquirir vehículos de lujo o por vivir con comodidad. Eso sería lo de menos, pues ya quedó demostrado que, en México, hay quienes profesan socialismo pero les gusta vivir como auténticos capitalistas.
Además, en una democracia, el éxito económico no es un pecado o delito, como usted le quiera llamar, ni siquiera cuando resulta incómodo frente al discurso de la llamada “austeridad republicana”, ese que casi nadie de la generación gobernante practica, salvo honrosas excepciones, como solía decir quién hoy descansa autoexiliado en «La Chingada».
El verdadero problema no está en el lujo, sino más bien en la legalidad.
Lo que resulta profundamente cuestionable es que, de ser cierto lo asentado en su declaración patrimonial de 2025, Manuela del Carmen Obrador Narváez haya adquirido un automóvil Audi híbrido, con un valor superior a un millón de pesos, pagado en efectivo, sin que exista registro público de un aviso o investigación conforme a lo que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.
La norma es clara y no distingue apellidos, cargos ni filiaciones políticas; es ciega, para ser más claros. En 2024, la ley limitaba las operaciones en efectivo para la compra de vehículos a 348 mil 509.70 pesos y, para 2026, el monto se actualizó a 376 mil 565.10 pesos, equivalentes a 3 mil 210 Unidades de Medida y Actualización (UMA’s).
Esto quiere decir que cualquier transacción que rebase ese umbral debería ser reportada ante las autoridades competentes. No es opcional, no es discrecional y no es un asunto de interpretación política. Es una cuestión netamente de legalidad.
Aquí es donde surge la pregunta incómoda, pero necesaria, ¿Se cumplió o no con la obligación legal, toda vez que Manuela Obrador Narváez no es una ciudadana común, es prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente funge como delegada de los Programas para el Bienestar en Chiapas, uno de los cargos más estratégicos del aparato federal en los estados.
Al ser pariente del expresidente que proclamó honestidad durante todo su sexenio, y representar a una institución que maneja programas sociales, padrones sensibles y recursos públicos, además de percibir un salario mensual neto cercano a los 108 mil pesos, Obrador Narváez no solo está expuesta a una actuación responsable y pulcra, sino que todo le exige honradez y transparencia reforzada.
A los señalamientos mediáticos y la presunción de soslayar la ley se suma un patrimonio que incluye dos terrenos adquiridos en 2017 y 2019, dos casas, una camioneta Toyota Tacoma comprada en 2023 y ahora un vehículo de lujo pagado al contado. Todo ello ha alimentado el escrutinio público, no por envidia, sino por congruencia y por ley.
No hay, hasta ahora, investigaciones judiciales formales por desvío de recursos. Ese dato es fundamental y debe subrayarse. Nadie está acusando delitos probados. Pero el silencio institucional ante una operación que, en apariencia, rebasa los límites legales, sí erosiona la confianza pública de un familiar muy cercano al paladín de la «honestidad valiente».
Paradójicamente, fue el propio López Obrador quien en 2023 frenó las aspiraciones políticas de su prima hermana rumbo a la gubernatura de Chiapas, argumentando que su postulación daría una “mala imagen” y que no se debía aspirar a cargos solo por parentesco.
Hoy, el tema no es la herencia política, sino algo más elemental como el cumplimiento de la ley que su propio movimiento presume haber fortalecido.
En un país donde el combate al lavado de dinero se pregona como prioridad, donde se exige a empresarios, comerciantes y ciudadanos cumplir con estrictos controles financieros, la autoridad no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado cuando una funcionaria de alto perfil aparece en el centro de una duda «bastante» razonable.
No se trata de linchar, sino de esclarecer. No se trata de castigar el éxito, sino de exigir legalidad, porque cuando la ley se aplica solo a unos, deja de ser ley y se convierte en discurso, y ese, quizá, es el verdadero problema de este enredo. Todos coludos o todos rabones.
Sassón
¡Ya éramos muchos y parió la abuela!, dice el refrán. Ahora resulta que a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se le han sumado células de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para operar en la frontera de México con Guatemala. Estas pandillas también fueron decretadas como organizaciones terroristas extranjeras por Donald Trump. De ser así, el presidente estadunidense tendría un motivo más para cumplir sus amenazas.
