👍 Jesús Torres
Los ataques a la libertad de expresión por los gobiernos morenistas de Puebla y Campeche dejan al descubierto, una vez más, el sumo interés del partido en el poder de aplicar una ‘Ley Censura’ que regule las redes sociales y socave el ejercicio del periodismo y medios de comunicación.
Lo que acaba de pasar en Campeche al periodista Jorge Luis González Valdez exdirector del diario Tribuna a quien la jueza Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso por haber incurrido en los delitos de incitación al odio y la violencia contra la gobernadora Layda Sansores raya en el autoritarismo excesivo y vulnera la libertad de expresión consagrada en la Constitución.
La mandataria campechana no sólo viola las garantías individuales y derechos humanos del exdirector del diario Tribuna sino que además se pasa por el arco del triunfo lo estipulado en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna y tratados internacionales como el 19 que habla del Pacto Internacional en materia de Derechos Civiles y Políticos.
Y es que al comunicador, con más de 50 años en el ejercicio periodístico, la jueza no sólo le ordenó dejar de emitir opinión alguna contra la gobernadora o sus funcionarios, sino también el cierre del periódico digital así como el embargo de sus propiedades en garantía de una sanción por daño moral de hasta 2 millones de pesos.
El periodista no piso la cárcel porque es de la tercera edad, pues tiene 71 años de edad, de lo contrario en estos momentos ya se encontraría tras las rejas.
Apenas en abril pasado González Valdez fue sometido de manera violenta por la policía de Layda Sansores a grado tal que tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital de alta especialidad por complicaciones cardiacas que pusieron en riesgo su vida.
Alejandro Moreno Cárdenas, actual líder nacional del PRI recordó que durante su gestión como gobernador de Campeche el periódico Tribuna siempre fue crítico, duro y frontal contra su administración y reconoció que así debe ser el periodismo libre.
Dijo que cerrar un medio, callar a un periodista y prohibirle ejercer su labor es propio de regímenes represivos, no de una democracia.
Y si eso ocurre en Campeche en Puebla el gobernador, también morenista, Alejandro Armenta publicó en el Periódico Oficial una reforma al Código Penal conocida como “Ciberasedio” que castiga hasta por 3 años de prisión a quienes critiquen, ofendan, injurien o agravien a otras personas a través de las redes sociales.
Ambos casos ya tuvieron resonancia nacional e internacional así como de organizaciones de periodistas que han condenado la censura, el control informativo, la prohibición del periodismo y el cierre de la edición digital del periódico Tribuna de Campeche.
La COPPPAL, que aglutina a partidos políticos de América Latina y el Caribe, expresó su preocupación por el clima de censura gubernamental que enfrentan periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en México.
Asimismo alertó la intención que existe del gobierno mexicano de bloquear plataformas digitales, censurar contenidos y acceder a información privada sin un control judicial adecuado en caso de aprobarse la Ley de Telecomunicaciones que se discute en el Senado.
¿Cuántos estados más se irán sumando a la ‘Ley Censura’ que ya se extiende desde el centro del país a otras entidades federativas como Puebla y Campeche?
